La consellera de Justicia, Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana, Nuria Martínez Sanchis, inauguró la jornada, acompañada por la directora de la Fundación Æquitas, Almudena Castro-Girona Martínez, y por el decano del Colegio Notarial de Valencia, José Carmelo Llopis Benlloch.

En la bienvenida a la jornada, el decano del Colegio Notarial de Valencia y miembro de la Comisión Permanente del CGN, José Carmelo Llopis Benlloch, ha trasladado la importancia de la Fundación para el CGN, pero también para la sociedad en su conjunto, "por trabajar e impulsar iniciativas para ayudar a las personas con discapacidad y a sus familiares". 

En su intervención, la consellera de Justicia trasladó a los asistentes que la Generalitat trabaja para garantizar el acceso sin barreras en el acceso a la Justicia y para participar plenamente en un procedimiento judicial.

Tal y como adelantó en la presentación Almudena Castro-Girona, "el compromiso de la Fundación es el de constituir en 2027 el Foro Æquitas de Discapacidad en la Comunitat Valenciana, aglutinando e invitando a los operadores jurídicos y a todo el tercer sector, como una plataforma solidaria desde donde poder debatir, contribuir, estudiar y analizar la situación actual de las personas con discapacidad, personas mayores y vulnerables, para avanzar en la promoción de su autonomía y la protección de sus Derechos en los términos que exige la Convención de la ONU sobre los Derechos de las personas con Discapacidad y la Ley 8/21".

La jornada contó con una mesa de debate de expertos jurídicos, moderada por María Consuelo Bombal Quirós, delegada de la Fundación Æquitas en la CV, presidenta del Instituto Notarial para la Atención Jurídica a las Personas con Discapacidad de Valencia (INDISVA) y notaria de Xirivella (Valencia), que trasladó la enorme complejidad técnica de la protección patrimonial de las personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, pero también su profundo calado humano que, gracias a la Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, "en la actualidad se coloca en primer plano el criterio de dignidad de la persona y el respeto a su voluntad, deseos y preferencias, un cambio de paradigma que tiene que reflejarse en las instituciones y debe tratarse de manera transversal con la coordinación entre judicatura, fiscalía y resto de operadores jurídicos como el Notariado para que la defensa de la protección de las personas con discapacidad se produzca de manera eficaz".

Con esta introducción, los expertos centraron su debate en analizar la importancia de proteger el patrimonio de las personas mayores o con discapacidad para evitar expolios en momentos como, por ejemplo, el ingreso en una residencia; la ley 8/2021 sobre las medidas de apoyo y salvaguarda existentes; así como el papel del Notariado de protección al ciudadano, en una mesa que contó con la experiencia del ex teniente fiscal de la CV y patrono coordinador de los Foros de Discapacidad de la Fundación Æquitas, Gonzalo A. López Ebri; del magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo y patrono de la Fundación Æquitas José Luis Seoane Spiegelberg; y de la directora de la Fundación Æquitas y notaria de Castellbisbal (Barcelona), Almudena Castro-Girona Martínez.

Para Gonzalo A. López Ebri, la Ley 8/2021 de medidas de apoyo a las personas con discapacidad consagra definitivamente al "Notariado como una institución primordial frente a la judicial para establecer las medidas de apoyo necesarias para que las personas con discapacidad se incorporen a la sociedad, que puedan compartir sus deseos, voluntad y sus preferencias sin que su discapacidad les lleve a una situación de ignorancia o desigualdad". 

José Luis Seoane Spiegelberg indicó en su turno que con la ley 8/2021 ha llegado la gran reforma que cambia completamente el sistema, "de un paternalismo, a una consagración de la autonomía de la voluntad; de la necesidad de una sentencia de incapacitar a una persona como garantía, simplemente a la desaparición de las declaraciones de incapacidad". Para Seone, a una persona ya no se le estigmatiza con la denominación "incapaz", ahora se le fijan medidas de apoyo. "Frente a un sistema de regulación a través de una sentencia judicial, pasamos a un sistema de autorregulación a través de las medidas voluntarias de apoyo que la persona, ante la previsión de una discapacidad futura, puede ante notario y en escritura pública expresar cómo quieren que sean sus cuidados", añadió. Para el magistrado, la ley introduce la consideración de las medidas judiciales con una naturaleza claramente subsidiaria frente a las medidas voluntarias y de guarda de hecho.

Para finalizar, Almudena Castro-Girona Martínez trasladó a los oyentes la razón de la creación de la Fundación de la que es directora, como el medio a través de la cual el Notariado pone de manifiesto su compromiso y defensa de la persona, sobre todo de aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Para ello, reseñó la necesidad de estar en contacto directo con la sociedad, "al servicio de las personas", cumpliendo la base de la ley 8/2021 que es la dignidad de todo ser humano con independencia de las circunstancias, que pueden ser una discapacidad o la edad, y que están alrededor de la persona pero que no la define. Para Castro-Girona, el ser humano tiene dignidad solo por el hecho de haber nacido y se le debe brindar apoyo y salvaguarda por parte de todos, "para conseguir los mimbres necesarios para que se proteja de verdad a las personas mayores, con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, que eviten un posible abuso o expolio".

Puedes ver el video completo de la jornada en este enlace: